Todavía es pronto para predecir con precisión cuáles serán las consecuencias de la pandemia que está asolando a nuestro país, pero la crisis que está comenzando será sin duda la peor desde la Guerra Civil, pese a haber tenido otras de gran calado como la del petróleo (1973-1982) o la reciente crisis financiera y de deuda soberana (2008-2013) cuyos efectos se prolongaron hasta hace poco y de la que todavía guarda secuelas.
La gestión de la pandemia nos está enseñando algunas lecciones desde la perspectiva del Estado del Bienestar. En lo referente a la educación la falta de acceso a la enseñanza online de muchos alumnos, y el problema generado a los estudiantes económicamente más desfavorecidos al dejar de funcionar los comedores escolares. Y en cuanto a la sanidad pública, el importante papel que ocupa en nuestra sociedad.
España todavía no se ha recuperado de la crisis que asoló a nuestra economía hace una década, y que se tradujo en un enorme paro (llego al 27% de la población activa y al 55% entre los menores de 25 años), devaluación salarial, precariedad, y temporalidad para los que tuvieron empleos, y una enorme desigualdad social entre los más ricos y los más pobres (además del adelgazamiento de la clase media) como pusieron de manifiesto organismos internacionales (FMI y OCDE), informes de ONGs (como Cáritas, o Intermón-Oxfam), o indicadores como el Índice de Gini (medida estadística de concentración que mide la distribución de la renta) o el Indicador AROPE (que utiliza la UE para medir la pobreza en los países miembros). Todos estos estudios muestran de forma incontestable que en una década nuestro país se convirtió en uno de los más desiguales de la Unión Europea, creándose un círculo vicioso desigualdad-pobreza.
En 2008 el rescate financiero se realizó en gran medida a costa de sacrificar nuestro Estado del Bienestar, lo que supuso una reducción muy importante de los recursos destinados a la sanidad, educación, y servicios sociales, traduciéndose esta situación en la exclusión de las clases sociales más desfavorecidas, y en una importante reducción de las clases medias, que tanta importancia cuantitativa y cualitativa cobraron a partir de los años sesenta del siglo pasado en España.
De la reciente crisis financiera y de deuda soberana iniciada en el año 2008 hemos aprendido que sacrificar a las personas para salvar a la economía, además de poco ético, es un mal negocio y la peor inversión que puede hacer una sociedad como país, como se ha visto durante esta pandemia si comparamos el funcionamiento de nuestro sistema público de educación y de salud con los de los Estados que hicieron una inversión robusta en estos sectores -Alemania, o Corea del Sur, esta última con parámetros económicos y demográficos similares a los de España).
En conclusión, la solución a la crisis que se avecina no puede ser el volver a recortar nuestro Estado del Bienestar, ya que el abandono del mismo ha tenido un efecto devastador en los efectos de la epidemia. Pero para ello también la Unión Europea tendrá mucho que decir (acaba de publicar un informe pidiendo que España debe de potenciar la sanidad, curiosamente después de exigir fuertes recortes en ese sector durante la anterior crisis) y mostrar la solidaridad con los países más afectados.